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El acuerdo de creación de una Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia

El acuerdo de creación de una Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia

Dentro del proceso de negociación en marcha desde hace meses, hace unos días se hizo público un comunicado conjunto del Gobierno de la República de Colombia y las FARC-EP en el que se anunciaba que se había alcanzado un acuerdo en materia de Justicia. Su clave cabe situarla en la creación de lo que se denomina como “Jurisdicción Especial para la Paz”.

El contenido íntegro de este acuerdo todavía no se ha hecho público, y aun para aquellos que hemos podido conocer en cierto detalle su literalidad, no es posible ofrecer un posicionamiento completamente preciso. Varias cuestiones complejas y polémicas sólo están formuladas bajo una serie de principios generales, que posteriormente habrán de concretarse. Con todo, sí es preciso y pertinente ofrecer una breve reflexión de urgencia, sea siquiera en forma de pregunta, tomando como base los propios datos de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Ello por dos motivos: El primero y principal, por las abundantes referencias en este acuerdo al marco jurídico internacional y consiguientes obligaciones internacionales de Colombia. El segundo y derivado, por la atención que ha suscitado en diversos órganos internacionales, en especial y de manera inmediata, por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional  

Una de las cuestiones nucleares del sistema acordado es el establecimiento de un mecanismo específico para “enjuiciar” los crímenes cometidos durante el conflicto armado interno colombiano. Expresado en términos jurídicos generales, se trataría de una suerte de cauce para dar cumplimiento a lo que suele conocerse como parte principal del “deber de garantía de los derechos humanos”; esto es, en palabras de la Corte Interamericana, la obligación de los Estados de prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos humanos. La primera medida al respecto es la exclusión de cualquier tipo de amnistía o indulto para los responsables de graves crímenes de derecho internacional; debiendo destacar que a diferencia de iniciativas anteriores, este hecho no se limita a lo que generalmente se califican como máximos responsables de esos crímenes. En este sentido entonces, el acuerdo se enmarca plena y correctamente en lo que hace poco un órgano como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos señaló, acertadamente, como clara y constante tendencia que determinaba que la concesión de amnistías respecto de graves violaciones a los derechos humanos estaba prohibida por el Derecho internacional.

Ahora bien, a partir de lo anterior, lo que a mi juicio va a suscitar mayores debates y problemas jurídicos es lo que podríamos considerar como segunda parte general del sistema. Y es que tras lo expuesto, lo que se establece es en síntesis:

1) Que a aquellos autores de estos graves crímenes que ofrezcan “verdad y reconocimiento de responsabilidad” ante la Sala correspondiente, se les impondrá una sanción como máximo de 8 años. La naturaleza de la misma será sustancialmente acorde con lo que se conoce como “justicia restaurativa”, aunque se prevé la posibilidad de establecer “restricciones a la libertad en condiciones especiales” – lo que aún no está claro qué significará.

2) A aquellos que sólo ofrezcan “verdad y reconocimiento de responsabilidad” una vez iniciado un procedimiento judicial contra ellos y antes de ser sentenciados, se les impondrá una pena privativa de libertad de hasta 8 años.

3) Y para aquellas personas que no ofrezcan ni verdad ni reconocimiento de responsabilidad, se prevé que se les podrá imponer una condena de privación de libertad de hasta 20 años.

A la luz de todo ello, surge una cuestión inmediata con un interés que transciende el caso concreto, pues hasta la fecha han sido escasos los pronunciamientos internacionales sobre este particular. Como premisa, es indiscutible la existencia de una obligación de castigar los crímenes internacionales con penas proporcionales a su gravedad; deber que en varias normas convencionales se enuncia literalmente así, y en otras bajo expresiones como la obligación de establecer “sanciones eficaces” (por ejemplo, en la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio) o “adecuadas sanciones penales” en los Convenios de Ginebra de 1949. De su lado, también resulta evidente que una cosa es una general obligación internacional y otra su concreta aplicación a una situación específica; resultando en este sentido, especialmente singulares y complejos los casos de negociaciones para acabar con un conflicto armado. Ahora, la duda es: ¿un escenario como el que actualmente se está desarrollando en Colombia permite, va a permitir o puede permitir, considerar que el sistema que hemos resumido es acorde con el deber de sancionar adecuadamente los más graves crímenes internacionales?

Con seguridad, en los próximos días y sin duda una vez se haga público todo el contenido del acuerdo, vamos a asistir a distintos posicionamientos sobre esta cuestión. A un debate jurídico, en fin, más que interesante, y que en consecuencias habrá con seguir con atención.

Javier Chinchón Álvarez

Profesor de Derecho Internacional Público y

Relaciones Internacionales

Departamento de Derecho Internacional Público y Privado

Universidad Complutense de Madrid


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