Blog de Avances en Derecho Internacional Público y Privado

ARTÍCULOS

La Res. 2249 (2015) del Consejo de Seguridad ¿autorización o anuncio del uso de la fuerza contra DAESH?

Escrito por AvancesenDIPyDIPr 24-11-2015 en ARTÍCULOS. Comentarios (0)

Con los terribles sucesos del trágico 13-N aún en la retina colectiva, el pasado viernes 20 de noviembre el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó, por unanimidad, la resolución 2249 (2015), por la que se condenan toda una serie de recientes ataques terroristas perpetrados por el Daesh en junio en Susa (Túnez), en octubre en Ankara y sobre el Sinaí, y en noviembre en Beirut y en París. Dicha resolución ha sido presentada por iniciativa de Francia, incluyéndose ciertas propuestas rusas.

La resolución determina que el Daesh constituye una amenaza global sin precedentes a la paz y la seguridad internacionales.

Pues bien, igualmente sin precedentes en la práctica del Consejo de Seguridad, resulta la propia resolución 2249 en sí; pero no por la calificación de los hechos que queda fuera de toda duda, sino por el tenor de las medidas que el Consejo autoriza a adoptar.

Es indudable que la resolución 2249 (2015) está claramente diseñada para proporcionar la legitimación por parte del Consejo a todas las medidas que se están tomando contra el Daesh, así como las que se tomarán. Pero llegados a este punto, son varias las dudas que se suscitan.

La primera es la relativa al marco jurídico en el que se encuadra esta resolución ¿Estamos en el capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas? La respuesta pareciera ser que sí, máxime si tenemos en cuenta que, según el propio Consejo de Seguridad, estamos ante una amenaza a la paz y seguridad internacionales; lo que supone una alusión implícita al artículo 39 de la Carta (capítulo VII). Pero, sin embargo, resulta cuando menos sorprendente que en ningún momento se haya hecho mención a dicho capítulo. No encontramos esa habitual referencia a la que nos tiene acostumbrados el Consejo de Seguridad en todas las resoluciones que adopta en este ámbito: “actuando con arreglo al capítulo VII de la Carta” o “actuando en virtud del capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas”; con la que, además, nos está indicando, que las medidas que establece son obligatorias.

Cierto es que, como señalara la Corte Internacional de Justicia en el dictamen consultivo sobre Namibia, la ausencia de referencia al capítulo VII en una resolución no significa que esta no sea obligatoria, ni que las medidas que se prescriben en la misma no tengan efecto jurídico. Sin embargo, para que una resolución tenga estos efectos, debe ser clara en su terminología, empleando términos como “decide”, “autoriza”...

Y es entonces, cuando se nos plantea otra incógnita aún mayor y con mayor impacto que la anterior ¿Entre esas medidas que se pueden adoptar contra el Daesh, está realmente autorizando el uso de la fuerza armada el Consejo de Seguridad?

La resolución está redactada en unos términos claramente ambiguos que parecen sugerir que hay soporte por parte del Consejo de Seguridad para dicho uso de la fuerza.

Sin embargo, sucede que tal autorización no parece estar tan clara como se creyera.

La clave está en el párrafo 5 de la resolución que reza:

Exhorta a los Estados Miembros que tengan capacidad para hacerlo a que adopten todas las medidas necesarias, de conformidad con el derecho internacional, en particular la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional de los refugiados y el derecho internacional humanitario, sobre el territorio que se encuentra bajo el control del EIIL, conocido también como Daesh, en Siria y el Iraq, redoblen y coordinen sus esfuerzos para prevenir y reprimir los actos terroristas cometidos específicamente por el EIIL, también conocido como Daesh, así como el Frente Al-Nusra, y todas las demás personas, grupos, empresas y entidades asociados con Al-Qaida y otros grupos terroristas designados por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y los que sean acordados por el Grupo Internacional de Apoyo a Siria y refrendados por el Consejo de Seguridad, de conformidad con la declaración del Grupo Internacional de Apoyo a Siria de 14 de noviembre, y erradiquen el cobijo que han establecido en partes importantes del Iraq y Siria”.

Es comúnmente conocido que cuando el Consejo de Seguridad legitima el uso de la fuerza armada utiliza las palabras mágicas “todas las medidas necesarias”. Así lo hizo por primera vez en la resolución 678 (1990) tras la invasión iraquí del territorio de Kuwait, a la que siguieron otras muchas, hasta la más reciente 1973 (2011) contra Libia.

Aquí también las usas, pero, a diferencia de los casos anteriores, la fórmula mágica no va precedida de que el Consejo Decide, o Autoriza, sino que utiliza la expresión Exhorta. Esta diferencia en el lenguaje sugiere que, aunque el Consejo contempla el uso de la fuerza por los Estados, no autoriza tal acción. Esta ausencia de autorización se percibe aún más claramente si nos fijamos en cómo la resolución recalca que se adopten todas las medidas necesarias, de conformidad con el derecho internacional, en particular la Carta de las Naciones Unidas.

Ciertamente ésta no es la primera resolución del Consejo de Seguridad en la que éste hace referencia al derecho de los Estados a usar la fuerza sin autorizarla expresamente; baste recordar cómo las resoluciones 1368 y 1373 (2001) aludían a un ‘presunto’ derecho de legítima defensa individual y colectiva de EEUU tras los ataques a las Torres Gemelas que estos y sus aliados usaron durante tiempo, fuera ya de los requisitos que el Derecho internacional exige para una auténtica legítima defensa.

La creativa ambigüedad de la resolución 2249 no constituye sino un soporte político para la más que previsible e inminente acción militar.

El texto íntegro de la Resolución puede consultarse en el siguiente enlace: http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/2249(2015)

ANA GEMMA LÓPEZ MARTÍN

Profesora Titular de Derecho Internacional Público y RRII

Dpto. Derecho Internacional Público y Privado

UCM


El acuerdo de creación de una Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia

Escrito por AvancesenDIPyDIPr 10-11-2015 en ARTÍCULOS. Comentarios (0)

El acuerdo de creación de una Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia

Dentro del proceso de negociación en marcha desde hace meses, hace unos días se hizo público un comunicado conjunto del Gobierno de la República de Colombia y las FARC-EP en el que se anunciaba que se había alcanzado un acuerdo en materia de Justicia. Su clave cabe situarla en la creación de lo que se denomina como “Jurisdicción Especial para la Paz”.

El contenido íntegro de este acuerdo todavía no se ha hecho público, y aun para aquellos que hemos podido conocer en cierto detalle su literalidad, no es posible ofrecer un posicionamiento completamente preciso. Varias cuestiones complejas y polémicas sólo están formuladas bajo una serie de principios generales, que posteriormente habrán de concretarse. Con todo, sí es preciso y pertinente ofrecer una breve reflexión de urgencia, sea siquiera en forma de pregunta, tomando como base los propios datos de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Ello por dos motivos: El primero y principal, por las abundantes referencias en este acuerdo al marco jurídico internacional y consiguientes obligaciones internacionales de Colombia. El segundo y derivado, por la atención que ha suscitado en diversos órganos internacionales, en especial y de manera inmediata, por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional  

Una de las cuestiones nucleares del sistema acordado es el establecimiento de un mecanismo específico para “enjuiciar” los crímenes cometidos durante el conflicto armado interno colombiano. Expresado en términos jurídicos generales, se trataría de una suerte de cauce para dar cumplimiento a lo que suele conocerse como parte principal del “deber de garantía de los derechos humanos”; esto es, en palabras de la Corte Interamericana, la obligación de los Estados de prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos humanos. La primera medida al respecto es la exclusión de cualquier tipo de amnistía o indulto para los responsables de graves crímenes de derecho internacional; debiendo destacar que a diferencia de iniciativas anteriores, este hecho no se limita a lo que generalmente se califican como máximos responsables de esos crímenes. En este sentido entonces, el acuerdo se enmarca plena y correctamente en lo que hace poco un órgano como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos señaló, acertadamente, como clara y constante tendencia que determinaba que la concesión de amnistías respecto de graves violaciones a los derechos humanos estaba prohibida por el Derecho internacional.

Ahora bien, a partir de lo anterior, lo que a mi juicio va a suscitar mayores debates y problemas jurídicos es lo que podríamos considerar como segunda parte general del sistema. Y es que tras lo expuesto, lo que se establece es en síntesis:

1) Que a aquellos autores de estos graves crímenes que ofrezcan “verdad y reconocimiento de responsabilidad” ante la Sala correspondiente, se les impondrá una sanción como máximo de 8 años. La naturaleza de la misma será sustancialmente acorde con lo que se conoce como “justicia restaurativa”, aunque se prevé la posibilidad de establecer “restricciones a la libertad en condiciones especiales” – lo que aún no está claro qué significará.

2) A aquellos que sólo ofrezcan “verdad y reconocimiento de responsabilidad” una vez iniciado un procedimiento judicial contra ellos y antes de ser sentenciados, se les impondrá una pena privativa de libertad de hasta 8 años.

3) Y para aquellas personas que no ofrezcan ni verdad ni reconocimiento de responsabilidad, se prevé que se les podrá imponer una condena de privación de libertad de hasta 20 años.

A la luz de todo ello, surge una cuestión inmediata con un interés que transciende el caso concreto, pues hasta la fecha han sido escasos los pronunciamientos internacionales sobre este particular. Como premisa, es indiscutible la existencia de una obligación de castigar los crímenes internacionales con penas proporcionales a su gravedad; deber que en varias normas convencionales se enuncia literalmente así, y en otras bajo expresiones como la obligación de establecer “sanciones eficaces” (por ejemplo, en la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio) o “adecuadas sanciones penales” en los Convenios de Ginebra de 1949. De su lado, también resulta evidente que una cosa es una general obligación internacional y otra su concreta aplicación a una situación específica; resultando en este sentido, especialmente singulares y complejos los casos de negociaciones para acabar con un conflicto armado. Ahora, la duda es: ¿un escenario como el que actualmente se está desarrollando en Colombia permite, va a permitir o puede permitir, considerar que el sistema que hemos resumido es acorde con el deber de sancionar adecuadamente los más graves crímenes internacionales?

Con seguridad, en los próximos días y sin duda una vez se haga público todo el contenido del acuerdo, vamos a asistir a distintos posicionamientos sobre esta cuestión. A un debate jurídico, en fin, más que interesante, y que en consecuencias habrá con seguir con atención.

Javier Chinchón Álvarez

Profesor de Derecho Internacional Público y

Relaciones Internacionales

Departamento de Derecho Internacional Público y Privado

Universidad Complutense de Madrid


El secesionismo catalán en el contexto del Derecho Internacional (artículo Foro, 17-2, 2014)

Escrito por AvancesenDIPyDIPr 28-09-2015 en ARTÍCULOS. Comentarios (0)

Perea Unceta, José AntonioEl secesionismo catalán en el contexto del Derecho Internacional, Foro. Revista de Ciencias Sociales y Jurídicas, 17 (2), 2014, pp. 117-155. 

http://eprints.ucm.es/30946/

Este artículo se incluye en el Vol. 17-2 de la Revista Foro de la Facultad de Derecho UCM publicada en el mes de mayo. Aunque su análisis del secesionismo catalán termina con el referéndum realizado por sus partidarios en el mes de noviembre de 2014, es, sin duda, de actualidad, y oportuno para conocer algunos de los problemas planteados por dicho movimiento político.  

El Derecho internacional no es concluyente en cuanto a la determinación del régimen jurídico del derecho de libre determinación de los pueblos no coloniales, puesto que la previsión contenida al respecto en la Resolución 2625 (XXV) de 1970 de la Asamblea General de las Naciones Unidas es muy sucinta, ha tenido una práctica posterior desigual y muy politizada en el ámbito de esta organización, y en los sistemas regionales se ha sustituido por la no discriminación y la protección de los derechos humanos de estas minorías nacionales. Sin embargo, sigue vigente esa denominada cláusula de salvaguardia, ha sido aplicada en casos recientes de la práctica internacional y cuenta con el apoyo de un sector de la doctrina que considera la autodeterminación externa, incluyendo la secesión, como el último remedio en los supuestos de discriminación de la minoría nacional y de violación grave, masiva y sistemática de sus derechos humanos por el Estado en el cual están integrados. En las pretensiones secesionistas auspiciadas por el Gobierno de Cataluña se han planteado dos fundamentos jurídicos diferentes. Primero, el derecho de libre determinación de los pueblos expresado en el Derecho internacional, concretamente en el sistema de las Naciones Unidas, y, ante las dificultades que plantea su aplicación para este caso concreto, por no haber ni discriminación ni opresión, se han fundamentado, en segundo lugar, en el principio democrático, considerado aisladamente como simple voluntad de los integrantes del pueblo, sin la consideración de los demás requisitos y circunstancias que integran la noción de democracia, como el respeto a la legalidad y a las resoluciones judiciales. Los problemas planteados en la práctica no se circunscriben al acto realizado el 9 de noviembre de 2014, que no ha cumplido las mínimas exigencias de los referéndums realizados o supervisados por las organizaciones internacionales, sino que puede incluir una eventual declaración unilateral de independencia.