Ley Orgánica 16/2015, de 27 de octubre, sobre privilegios e inmunidades de Estados, Organizaciones, Conferencias internacionales

Escrito por AvancesenDIPyDIPr 12-11-2015 en noticia legislativa. Comentarios (0)

El 17 de noviembre de 2015 entrará en vigor la Ley Orgánica 16/2015, de 27 de octubre, sobre privilegios e inmunidades de los Estados extranjeros, las Organizaciones Internacionales con sede u oficina en España y las Conferencias y Reuniones internacionales celebradas en España, una vez transcurrido el plazo de vacatio legis de 20 días desde su publicación en el BOE el pasado 28 de octubre.

Esta Ley viene a sumarse a otras dos iniciativas legislativas anteriores de este Gobierno en materia de Derecho internacional (Acción y Servicio Exterior del Estado y Tratados internacionales) que han sido de gran acogida por los iusinternacionalistas españoles, dado el ‘vacío legislativo’ operante a este respecto en nuestro ordenamiento jurídico, lo que generaba situaciones de palmaria inseguridad jurídica, cuando no, de decisiones judiciales claramente contrarias al Derecho internacional.

Si bienvenida fue la Ley 25/2014, de Tratados y otros acuerdos internacionales, de 27 de noviembre, por poner fin a una lamentablemente situación jurídica que hacía remitir el derecho español en la materia a una norma pre-constitucional, -y en algunos puntos incluso contraria a nuestra Norma suprema-, como era el Decreto de 801/1972 de 24 de marzo (sobre ordenación de la actividad de la Administración del Estado en materia de tratados internacionales), más aún lo es la Ley Orgánica sobre privilegios e inmunidades de 2015, pues sobre concreto ámbito material la normativa española era absolutamente inexistente.

En efecto, a diferencia de otros ordenamientos jurídicos internos, no solo de nuestro entorno, sino incluso allén de los mares, el derecho español carecía por completo de normativa que regulara el complejo entramado que conformas las inmunidades de que gozan en nuestro territorio y ante nuestros jueces y tribunales, tanto los Estados extranjeros, así como diferentes órganos estatales –agentes diplomáticos, agentes consulares, fuerzas armadas…-, como las Organizaciones internacionales y sus funcionarios.

Hasta la fecha, el legislador español había optado por un parco marco normativo que se concretaba en tan solo dos cláusulas, de parecido tenor, con someras referencias a las normas de Derecho internacional público en la materia como soporte jurídico en el que debe basar el órgano juzgador interno español su decisión. Así, la primera regulación viene conformada por el artículo 21.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LO nº 6/1985, de 1 de julio) que se refiere de una forma  muy genérica a la institución de las inmunidades, al exceptuar de la competencia de los juzgados y tribunales españoles “los supuestos de inmunidad de jurisdicción y de ejecución establecidos por las normas de Derecho Internacional Público”. En perfecta armonía con el referido precepto se sitúa el artículo 36 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (Ley nº 1/2000, de 7 de enero), al disponer en su párrafo segundo que los tribunales civiles españoles se abstendrán de conocer de los asuntos que se les sometan “cuando se haya formulado demanda o solicitado ejecución respecto de sujetos y bienes que gocen de inmunidad de jurisdicción o de ejecución conforme a las normas de Derecho Internacional Público”.

Nos encontramos, pues, con sendos preceptos que se decantan por remitir en bloque a lo establecido por las normas de Derecho internacional público, sin precisar ni el contenido, ni el alcance, ni los beneficiarios de esas inmunidades. Y lo que resulta aún más complejo, sin determinar cuáles son las normas concretas a las que remite y que serán las que rijan todos esos aspectos. Circunstancia que, aunque perfectamente constitucional, no ha aportado excesiva seguridad jurídica y que ha dificultado extraordinariamente la labor de los jueces y tribunales españoles, habida cuenta que los supuestos de inmunidad establecidos por el ordenamiento jurídico internacional son diversos, presentando cada uno de ellos rasgos singulares, lo que determina que sean objeto de una regulación jurídica distinta y separada que se recoge en una pluralidad de textos jurídicos; en su mayoría regulados por normas consuetudinarias –algunas ya codificadas-, aunque no faltan convenios internacionales en la materia –no todos ellos vinculantes para España-.

Este complejo panorama legislativo al que nos hemos referido se ha traducido, en numerosas ocasiones, en incorrectas identificaciones, tanto del sujeto beneficiario de la inmunidad, como de la norma aplicable al caso. Lo que ha motivado una cierta confusión en las resoluciones de nuestros jueces y tribunales en la materia; principalmente, al calificar como inmunidad del Estado cualquier tipo de inmunidad para, posteriormente, aplicar a la misma las normas de la inmunidad diplomática (a este respecto, véase nuestro trabajo "Las inmunidades del Derecho Internacional: su aplicación en España, disponible en http://eprints.ucm.es/6993/).

Es cierto, que el grado de imprecisión, confusión y escasa fundamentación jurídica de la jurisprudencia española en la materia ha ido disminuyendo paulatinamente; especialmente a raíz de las sentencias del Tribunal Supremo de 1986 –asuntos E.B.M. c. Embajada de Guinea Ecuatorial y, sobre todo, Diana Abbot c. República de Sudáfrica-, primero, y del Tribunal Constitucional de 1 de julio de 1992, después, que han supuesto un punto de inflexión, un giro copernicano al respecto. Mejoría que se ha hecho más patente tras la adhesión de España, el 21 de septiembre de 2011, a la Convención de Naciones Unidas sobre inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes de 2 de diciembre de 2004; pues, aunque dicho tratado aún no está en vigor, su carácter codificador le ha convertido en un importante referente en la fundamentación jurídica de las últimas decisiones judiciales, mejorando ostensiblemente éstas.

No obstante, aún encontramos decisiones judiciales que siguen perdiéndose en la búsqueda y correcta aplicación de la inmunidad aplicable al caso concreto; y ello sucede, bien porque no siempre la normativa internacional resulta lo suficientemente clara, o simplemente, porque nuestros jueces, más acostumbrados a manejar leyes internas, no tienen el suficiente dominio de este enmarañado bosque que son las inmunidades internacionales dispersas en los siempre complejo árboles que son las normas internacionales.

Por todo ello, la nueva Ley de inmunidades que, siguiendo al pie de la letra la regulación jurídica internacional, disecciona adecuadamente tanto las inmunidades del Estado, de sus órganos y de sus bienes, como de las Organizaciones internacionales y sus funcionarios, será más que bienvenida, no solo por los que nos dedicamos a la enseñanza del Derecho internacional, sino sobre todo por los jueces y tribunales encargados de darle aplicación en la práctica.

ANA GEMMA LÓPEZ MARTÍN

Prof. Dra. Derecho Internacional Público

Dpto. Derecho Internacional Público y Privado

UCM