Blog de Avances en Derecho Internacional Público y Privado

RECURSOS DE INVESTIGACIÓN EN ABIERTO

PIMCD UCM 125/2015

La Res. 2249 (2015) del Consejo de Seguridad ¿autorización o anuncio del uso de la fuerza contra DAESH?

Escrito por AvancesenDIPyDIPr 24-11-2015 en ARTÍCULOS. Comentarios (0)

Con los terribles sucesos del trágico 13-N aún en la retina colectiva, el pasado viernes 20 de noviembre el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó, por unanimidad, la resolución 2249 (2015), por la que se condenan toda una serie de recientes ataques terroristas perpetrados por el Daesh en junio en Susa (Túnez), en octubre en Ankara y sobre el Sinaí, y en noviembre en Beirut y en París. Dicha resolución ha sido presentada por iniciativa de Francia, incluyéndose ciertas propuestas rusas.

La resolución determina que el Daesh constituye una amenaza global sin precedentes a la paz y la seguridad internacionales.

Pues bien, igualmente sin precedentes en la práctica del Consejo de Seguridad, resulta la propia resolución 2249 en sí; pero no por la calificación de los hechos que queda fuera de toda duda, sino por el tenor de las medidas que el Consejo autoriza a adoptar.

Es indudable que la resolución 2249 (2015) está claramente diseñada para proporcionar la legitimación por parte del Consejo a todas las medidas que se están tomando contra el Daesh, así como las que se tomarán. Pero llegados a este punto, son varias las dudas que se suscitan.

La primera es la relativa al marco jurídico en el que se encuadra esta resolución ¿Estamos en el capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas? La respuesta pareciera ser que sí, máxime si tenemos en cuenta que, según el propio Consejo de Seguridad, estamos ante una amenaza a la paz y seguridad internacionales; lo que supone una alusión implícita al artículo 39 de la Carta (capítulo VII). Pero, sin embargo, resulta cuando menos sorprendente que en ningún momento se haya hecho mención a dicho capítulo. No encontramos esa habitual referencia a la que nos tiene acostumbrados el Consejo de Seguridad en todas las resoluciones que adopta en este ámbito: “actuando con arreglo al capítulo VII de la Carta” o “actuando en virtud del capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas”; con la que, además, nos está indicando, que las medidas que establece son obligatorias.

Cierto es que, como señalara la Corte Internacional de Justicia en el dictamen consultivo sobre Namibia, la ausencia de referencia al capítulo VII en una resolución no significa que esta no sea obligatoria, ni que las medidas que se prescriben en la misma no tengan efecto jurídico. Sin embargo, para que una resolución tenga estos efectos, debe ser clara en su terminología, empleando términos como “decide”, “autoriza”...

Y es entonces, cuando se nos plantea otra incógnita aún mayor y con mayor impacto que la anterior ¿Entre esas medidas que se pueden adoptar contra el Daesh, está realmente autorizando el uso de la fuerza armada el Consejo de Seguridad?

La resolución está redactada en unos términos claramente ambiguos que parecen sugerir que hay soporte por parte del Consejo de Seguridad para dicho uso de la fuerza.

Sin embargo, sucede que tal autorización no parece estar tan clara como se creyera.

La clave está en el párrafo 5 de la resolución que reza:

Exhorta a los Estados Miembros que tengan capacidad para hacerlo a que adopten todas las medidas necesarias, de conformidad con el derecho internacional, en particular la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional de los refugiados y el derecho internacional humanitario, sobre el territorio que se encuentra bajo el control del EIIL, conocido también como Daesh, en Siria y el Iraq, redoblen y coordinen sus esfuerzos para prevenir y reprimir los actos terroristas cometidos específicamente por el EIIL, también conocido como Daesh, así como el Frente Al-Nusra, y todas las demás personas, grupos, empresas y entidades asociados con Al-Qaida y otros grupos terroristas designados por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y los que sean acordados por el Grupo Internacional de Apoyo a Siria y refrendados por el Consejo de Seguridad, de conformidad con la declaración del Grupo Internacional de Apoyo a Siria de 14 de noviembre, y erradiquen el cobijo que han establecido en partes importantes del Iraq y Siria”.

Es comúnmente conocido que cuando el Consejo de Seguridad legitima el uso de la fuerza armada utiliza las palabras mágicas “todas las medidas necesarias”. Así lo hizo por primera vez en la resolución 678 (1990) tras la invasión iraquí del territorio de Kuwait, a la que siguieron otras muchas, hasta la más reciente 1973 (2011) contra Libia.

Aquí también las usas, pero, a diferencia de los casos anteriores, la fórmula mágica no va precedida de que el Consejo Decide, o Autoriza, sino que utiliza la expresión Exhorta. Esta diferencia en el lenguaje sugiere que, aunque el Consejo contempla el uso de la fuerza por los Estados, no autoriza tal acción. Esta ausencia de autorización se percibe aún más claramente si nos fijamos en cómo la resolución recalca que se adopten todas las medidas necesarias, de conformidad con el derecho internacional, en particular la Carta de las Naciones Unidas.

Ciertamente ésta no es la primera resolución del Consejo de Seguridad en la que éste hace referencia al derecho de los Estados a usar la fuerza sin autorizarla expresamente; baste recordar cómo las resoluciones 1368 y 1373 (2001) aludían a un ‘presunto’ derecho de legítima defensa individual y colectiva de EEUU tras los ataques a las Torres Gemelas que estos y sus aliados usaron durante tiempo, fuera ya de los requisitos que el Derecho internacional exige para una auténtica legítima defensa.

La creativa ambigüedad de la resolución 2249 no constituye sino un soporte político para la más que previsible e inminente acción militar.

El texto íntegro de la Resolución puede consultarse en el siguiente enlace: http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/2249(2015)

ANA GEMMA LÓPEZ MARTÍN

Profesora Titular de Derecho Internacional Público y RRII

Dpto. Derecho Internacional Público y Privado

UCM


Ley Orgánica 16/2015, de 27 de octubre, sobre privilegios e inmunidades de Estados, Organizaciones, Conferencias internacionales

Escrito por AvancesenDIPyDIPr 12-11-2015 en noticia legislativa. Comentarios (0)

El 17 de noviembre de 2015 entrará en vigor la Ley Orgánica 16/2015, de 27 de octubre, sobre privilegios e inmunidades de los Estados extranjeros, las Organizaciones Internacionales con sede u oficina en España y las Conferencias y Reuniones internacionales celebradas en España, una vez transcurrido el plazo de vacatio legis de 20 días desde su publicación en el BOE el pasado 28 de octubre.

Esta Ley viene a sumarse a otras dos iniciativas legislativas anteriores de este Gobierno en materia de Derecho internacional (Acción y Servicio Exterior del Estado y Tratados internacionales) que han sido de gran acogida por los iusinternacionalistas españoles, dado el ‘vacío legislativo’ operante a este respecto en nuestro ordenamiento jurídico, lo que generaba situaciones de palmaria inseguridad jurídica, cuando no, de decisiones judiciales claramente contrarias al Derecho internacional.

Si bienvenida fue la Ley 25/2014, de Tratados y otros acuerdos internacionales, de 27 de noviembre, por poner fin a una lamentablemente situación jurídica que hacía remitir el derecho español en la materia a una norma pre-constitucional, -y en algunos puntos incluso contraria a nuestra Norma suprema-, como era el Decreto de 801/1972 de 24 de marzo (sobre ordenación de la actividad de la Administración del Estado en materia de tratados internacionales), más aún lo es la Ley Orgánica sobre privilegios e inmunidades de 2015, pues sobre concreto ámbito material la normativa española era absolutamente inexistente.

En efecto, a diferencia de otros ordenamientos jurídicos internos, no solo de nuestro entorno, sino incluso allén de los mares, el derecho español carecía por completo de normativa que regulara el complejo entramado que conformas las inmunidades de que gozan en nuestro territorio y ante nuestros jueces y tribunales, tanto los Estados extranjeros, así como diferentes órganos estatales –agentes diplomáticos, agentes consulares, fuerzas armadas…-, como las Organizaciones internacionales y sus funcionarios.

Hasta la fecha, el legislador español había optado por un parco marco normativo que se concretaba en tan solo dos cláusulas, de parecido tenor, con someras referencias a las normas de Derecho internacional público en la materia como soporte jurídico en el que debe basar el órgano juzgador interno español su decisión. Así, la primera regulación viene conformada por el artículo 21.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LO nº 6/1985, de 1 de julio) que se refiere de una forma  muy genérica a la institución de las inmunidades, al exceptuar de la competencia de los juzgados y tribunales españoles “los supuestos de inmunidad de jurisdicción y de ejecución establecidos por las normas de Derecho Internacional Público”. En perfecta armonía con el referido precepto se sitúa el artículo 36 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (Ley nº 1/2000, de 7 de enero), al disponer en su párrafo segundo que los tribunales civiles españoles se abstendrán de conocer de los asuntos que se les sometan “cuando se haya formulado demanda o solicitado ejecución respecto de sujetos y bienes que gocen de inmunidad de jurisdicción o de ejecución conforme a las normas de Derecho Internacional Público”.

Nos encontramos, pues, con sendos preceptos que se decantan por remitir en bloque a lo establecido por las normas de Derecho internacional público, sin precisar ni el contenido, ni el alcance, ni los beneficiarios de esas inmunidades. Y lo que resulta aún más complejo, sin determinar cuáles son las normas concretas a las que remite y que serán las que rijan todos esos aspectos. Circunstancia que, aunque perfectamente constitucional, no ha aportado excesiva seguridad jurídica y que ha dificultado extraordinariamente la labor de los jueces y tribunales españoles, habida cuenta que los supuestos de inmunidad establecidos por el ordenamiento jurídico internacional son diversos, presentando cada uno de ellos rasgos singulares, lo que determina que sean objeto de una regulación jurídica distinta y separada que se recoge en una pluralidad de textos jurídicos; en su mayoría regulados por normas consuetudinarias –algunas ya codificadas-, aunque no faltan convenios internacionales en la materia –no todos ellos vinculantes para España-.

Este complejo panorama legislativo al que nos hemos referido se ha traducido, en numerosas ocasiones, en incorrectas identificaciones, tanto del sujeto beneficiario de la inmunidad, como de la norma aplicable al caso. Lo que ha motivado una cierta confusión en las resoluciones de nuestros jueces y tribunales en la materia; principalmente, al calificar como inmunidad del Estado cualquier tipo de inmunidad para, posteriormente, aplicar a la misma las normas de la inmunidad diplomática (a este respecto, véase nuestro trabajo "Las inmunidades del Derecho Internacional: su aplicación en España, disponible en http://eprints.ucm.es/6993/).

Es cierto, que el grado de imprecisión, confusión y escasa fundamentación jurídica de la jurisprudencia española en la materia ha ido disminuyendo paulatinamente; especialmente a raíz de las sentencias del Tribunal Supremo de 1986 –asuntos E.B.M. c. Embajada de Guinea Ecuatorial y, sobre todo, Diana Abbot c. República de Sudáfrica-, primero, y del Tribunal Constitucional de 1 de julio de 1992, después, que han supuesto un punto de inflexión, un giro copernicano al respecto. Mejoría que se ha hecho más patente tras la adhesión de España, el 21 de septiembre de 2011, a la Convención de Naciones Unidas sobre inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes de 2 de diciembre de 2004; pues, aunque dicho tratado aún no está en vigor, su carácter codificador le ha convertido en un importante referente en la fundamentación jurídica de las últimas decisiones judiciales, mejorando ostensiblemente éstas.

No obstante, aún encontramos decisiones judiciales que siguen perdiéndose en la búsqueda y correcta aplicación de la inmunidad aplicable al caso concreto; y ello sucede, bien porque no siempre la normativa internacional resulta lo suficientemente clara, o simplemente, porque nuestros jueces, más acostumbrados a manejar leyes internas, no tienen el suficiente dominio de este enmarañado bosque que son las inmunidades internacionales dispersas en los siempre complejo árboles que son las normas internacionales.

Por todo ello, la nueva Ley de inmunidades que, siguiendo al pie de la letra la regulación jurídica internacional, disecciona adecuadamente tanto las inmunidades del Estado, de sus órganos y de sus bienes, como de las Organizaciones internacionales y sus funcionarios, será más que bienvenida, no solo por los que nos dedicamos a la enseñanza del Derecho internacional, sino sobre todo por los jueces y tribunales encargados de darle aplicación en la práctica.

ANA GEMMA LÓPEZ MARTÍN

Prof. Dra. Derecho Internacional Público

Dpto. Derecho Internacional Público y Privado

UCM


El acuerdo de creación de una Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia

Escrito por AvancesenDIPyDIPr 10-11-2015 en ARTÍCULOS. Comentarios (0)

El acuerdo de creación de una Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia

Dentro del proceso de negociación en marcha desde hace meses, hace unos días se hizo público un comunicado conjunto del Gobierno de la República de Colombia y las FARC-EP en el que se anunciaba que se había alcanzado un acuerdo en materia de Justicia. Su clave cabe situarla en la creación de lo que se denomina como “Jurisdicción Especial para la Paz”.

El contenido íntegro de este acuerdo todavía no se ha hecho público, y aun para aquellos que hemos podido conocer en cierto detalle su literalidad, no es posible ofrecer un posicionamiento completamente preciso. Varias cuestiones complejas y polémicas sólo están formuladas bajo una serie de principios generales, que posteriormente habrán de concretarse. Con todo, sí es preciso y pertinente ofrecer una breve reflexión de urgencia, sea siquiera en forma de pregunta, tomando como base los propios datos de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Ello por dos motivos: El primero y principal, por las abundantes referencias en este acuerdo al marco jurídico internacional y consiguientes obligaciones internacionales de Colombia. El segundo y derivado, por la atención que ha suscitado en diversos órganos internacionales, en especial y de manera inmediata, por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional  

Una de las cuestiones nucleares del sistema acordado es el establecimiento de un mecanismo específico para “enjuiciar” los crímenes cometidos durante el conflicto armado interno colombiano. Expresado en términos jurídicos generales, se trataría de una suerte de cauce para dar cumplimiento a lo que suele conocerse como parte principal del “deber de garantía de los derechos humanos”; esto es, en palabras de la Corte Interamericana, la obligación de los Estados de prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos humanos. La primera medida al respecto es la exclusión de cualquier tipo de amnistía o indulto para los responsables de graves crímenes de derecho internacional; debiendo destacar que a diferencia de iniciativas anteriores, este hecho no se limita a lo que generalmente se califican como máximos responsables de esos crímenes. En este sentido entonces, el acuerdo se enmarca plena y correctamente en lo que hace poco un órgano como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos señaló, acertadamente, como clara y constante tendencia que determinaba que la concesión de amnistías respecto de graves violaciones a los derechos humanos estaba prohibida por el Derecho internacional.

Ahora bien, a partir de lo anterior, lo que a mi juicio va a suscitar mayores debates y problemas jurídicos es lo que podríamos considerar como segunda parte general del sistema. Y es que tras lo expuesto, lo que se establece es en síntesis:

1) Que a aquellos autores de estos graves crímenes que ofrezcan “verdad y reconocimiento de responsabilidad” ante la Sala correspondiente, se les impondrá una sanción como máximo de 8 años. La naturaleza de la misma será sustancialmente acorde con lo que se conoce como “justicia restaurativa”, aunque se prevé la posibilidad de establecer “restricciones a la libertad en condiciones especiales” – lo que aún no está claro qué significará.

2) A aquellos que sólo ofrezcan “verdad y reconocimiento de responsabilidad” una vez iniciado un procedimiento judicial contra ellos y antes de ser sentenciados, se les impondrá una pena privativa de libertad de hasta 8 años.

3) Y para aquellas personas que no ofrezcan ni verdad ni reconocimiento de responsabilidad, se prevé que se les podrá imponer una condena de privación de libertad de hasta 20 años.

A la luz de todo ello, surge una cuestión inmediata con un interés que transciende el caso concreto, pues hasta la fecha han sido escasos los pronunciamientos internacionales sobre este particular. Como premisa, es indiscutible la existencia de una obligación de castigar los crímenes internacionales con penas proporcionales a su gravedad; deber que en varias normas convencionales se enuncia literalmente así, y en otras bajo expresiones como la obligación de establecer “sanciones eficaces” (por ejemplo, en la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio) o “adecuadas sanciones penales” en los Convenios de Ginebra de 1949. De su lado, también resulta evidente que una cosa es una general obligación internacional y otra su concreta aplicación a una situación específica; resultando en este sentido, especialmente singulares y complejos los casos de negociaciones para acabar con un conflicto armado. Ahora, la duda es: ¿un escenario como el que actualmente se está desarrollando en Colombia permite, va a permitir o puede permitir, considerar que el sistema que hemos resumido es acorde con el deber de sancionar adecuadamente los más graves crímenes internacionales?

Con seguridad, en los próximos días y sin duda una vez se haga público todo el contenido del acuerdo, vamos a asistir a distintos posicionamientos sobre esta cuestión. A un debate jurídico, en fin, más que interesante, y que en consecuencias habrá con seguir con atención.

Javier Chinchón Álvarez

Profesor de Derecho Internacional Público y

Relaciones Internacionales

Departamento de Derecho Internacional Público y Privado

Universidad Complutense de Madrid